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Fujimori será juzgado en caso de esterilizaciones forzadas en Perú
  • Lun. Jun 27th, 2022

Informaciones desde Miami al Mundo

Director: Dr. Nelson Díaz-Pomar, Ex Procurador General de Perú

Un juez ha abierto un nuevo proceso penal contra el expresidente peruano, Alberto Fujimori, por su presunta responsabilidad en miles de esterilizaciones forzadas en los años noventa.

Se estima que durante su gobierno (1990-2000) se realizaron más de 340 mil ligaduras de trompas y 24 mil vasectomías como política de reducción de la pobreza. Al menos 180 mil de estas fueron violatorias de los derechos humanos.

El caso fue reabierto recientemente por el juez Rafael Martínez luego de escuchar los argumentos del fiscal, Pablo Espinoza, para investigar a Fujimori y a sus exministros de salud Antonio Aguinaga, Marino Costa y Eduardo Yong, además de otros funcionarios.

De tal modo que se pretende brindar justicia a 1.307 denunciantes, la mayoría mujeres pobres e indígenas que afirman haber sido sometidas a la ligadura de trompas sin el consentimiento previo, siendo engañadas con ayudas sociales hasta denunciarlas a la policía si no aceptaban el procedimiento.

Festivales de salud

El fiscal Espinoza presentó 187 documentos y declaraciones para imputar a Fujimori y los exfuncionarios por las lesiones que provocaron la muerte a varias mujeres.

Su denuncia señala a Fujimori como el máximo responsable y principal promotor que buscaba lograr la reducción de la pobreza por medio de la disminución de la tasa de natalidad.

Hay pruebas que entre los años 1996 y 2000 se organizaban varios “festivales de salud” en pueblos andinos, en donde detrás de festivales artísticos, fuegos artificiales y comida buscaban engañar a las mujeres y conseguir la esterilización.

A tal punto que Fujimori premiaba con tres boletos de viaje a funcionarios sanitarios que acumulaban el mayor número de esterilizaciones, pero también los amenazaban con despedirlos si no lograban los objetivos.

Actualmente, Fujimori, de 83 años, cumple una condena de 25 años de prisión por los delitos de lesa humanidad como autor inmediato del asesinato de 25 personas a cargo del grupo militar encubierto Colina, en las masacres de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992).