Daniel Ortega busca su cuarto mandato el 2021

La mayoría sandinista que controla la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una ley que inhabilita las candidaturas que pidan sanciones extranjeras contra el régimen de Daniel Ortega, que además serán considerados “traidores a la patria”.

De esta manera el dictador Ortega busca con la denominada “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz”,  sacarlos de las elecciones nacionales y legislativas del 7 de noviembre del 2021 donde Ortega busca un cuarto mandato consecutivo.

Ley contra opositores

En efecto; en sus dos artículos se señala que los nicaragüenses que “encabecen o financien un golpe de Estado (…), fomenten o insten a actos terroristas(…), inciten a la injerencia extranjera, demanden, exalten o aplaudan la imposición de sanciones (…) no podrán optar a cargos de elección popular”.

Esto llevaría a inhibir a millones de nicaraguenses que vienen pidiendo sanciones contra funcionarios y allegados a Ortega por violación de derechos humanos. En tal sentido, Human Rights Watch (HRW) admite que dicha ley fue diseñada para inhabilitar la participación política de la oposición con un fraude sistémico” con diversas normas.

Por ejemplo, se tiene a la denominada ley de agentes extranjeros, que obliga a organizaciones de la sociedad civil que reciben fondos del exterior a registrarse ante el Poder Ejecutivo. A esta ley se agrega de los ciberdelitos para sancionar a opositores y adversarios de Ortega que lo critican en redes sociales.

De liberador a dictador

Daniel Ortega fue uno de los líderes de la lucha contra la dictadura de Anastasio  Somoza (1936-1979), pero ahora trata de instaurar una dinastía nepotista y corrupta junto a su esposa, Rosario Murillo, su vicepresidenta desde 2017.

Ortega se unió al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en 1963, durante la dictadura de Somoza, siendo designado para coordinar la llegada del Gobierno de Reconstrucción Nacional cuando el dictador fuera expulsado. Luego de cinco años de gobierno de transición, Ortega organizó elecciones en 1990 siendo fue derrotado.

Sin embargo, el 2006 Ortega vuelve al poder y con la mente puesta en mantenerse como máxima autoridad de Nicaragua para controlar todos los poderes: el Ejército, la policía, los jueces, todo. Hasta su esposa, Rosario Murillo, madre de los siete hijos del presidente, se ha convertido en la única consejera al ocupar el cargo de Primera Dama y de Vicepresidenta.

Lamentablemente, el gobierno de Ortega es acusado de graves violaciones a los derechos humanos con asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos especialmente en contra de la población joven.

De allí que el gobierno del presidente Donald Trump decidió prorrogar un año más las sanciones contra todos los altos cargos nicaragüenses involucrados presuntamente en tales casos de corrupción y vulneración de los Derechos Humanos.

Fuente:

dw.com

elespectador.com

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