EEUU, México y el TLCAN: Renegociación al Gusto Estadounidense

Fuente: Celag

El pasado 16 de agosto dio inicio la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), suscrito entre Estados Unidos de América (EEUU), México y Canadá el 17 de diciembre de 1992 y puesto en marcha el 1 de enero de 1994. Un proyecto de liberalización comercial que formaba parte de la agenda común bipartidista apoyada tanto por gobiernos demócratas como republicanos y que se presentó como la previa de la Alianza de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Resulta crucial comprender los alcances y limitaciones de esta renegociación, pues podrían servir de “modelo” en materia de relaciones comerciales y de inversión de EEUU hacia la región.

El TLCAN abrió una nueva etapa en las relaciones de EEUU con América Latina y el Caribe (ALC) al ser el primero de los múltiples tratados que la potencia del norte firmaría en los años venideros con varios países latinoamericanos (Chile, Perú, Colombia), en una estrategia de negociación bilateral que se reproduciría ante las dificultades de concretar su estrategia de expansión del libre comercio por la región de manera global y multilateral. El punto culminante del fracaso de esta estrategia fue el rechazo al Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA), escenificado en la IV Cumbre de las Américas de Mar del Plata en 2005, propiciado por el cambio en la correlación de fuerzas regional tras la llegada al gobierno de opciones políticas que se proponían superar la agenda neoliberal de los años ochenta y del Consenso de Washington posterior.

Tras más de dos décadas funcionando, el TLCAN, si bien ha beneficiado a las grandes empresas en EEUU -especialmente a la industria automotriz-, ha supuesto pérdidas para la clase trabajadora del país que ha visto descender sus salarios en estos años[1] por culpa de la competencia con los trabajadores mexicanos, cuyos salarios se encuentran entre los más bajos del mundo.

Estos costos sociales fueron destacados en la última campaña electoral tanto por el senador demócrata Bernie Sanders como por el republicano Donald Trump. Un tema que no era nuevo ya que Barack Obama también había planteado en su campaña de 2008 la renegociación del TLCAN. Trump, pese a declararse defensor del libre comercio, presentó al TLCAN como responsable de la pérdida de millones de empleos en EEUU. Una de sus promesas de campaña fue la renegociación del tratado al que calificó como “un desastre” y el “peor tratado”, sin descartar su abandono. También amenazó con penalizar con un 35% de impuestos a las empresas automotrices estadounidenses que produjeran parte de sus vehículos en nuevas plantas de México[2] (aunque una vez en el poder se comprometió con estas mismas empresas a revisar los estándares de calidad aprobados por Obama que habían sido denunciados por el sector como “demasiado exigentes”).

La idea de encontrar un nuevo acuerdo que beneficie a los intereses estadounidenses, reduciendo su déficit con los países de intercambio, mejorando su posición en el mercado y mitigando los costos, es la que está detrás de la renegociación el TLCAN. México y Canadá se han sumado a la renegociación con la misma intención de mejorar su posición en el acuerdo.

La renegociación desde la perspectiva estadounidense

El 18 de mayo de 2017 el presidente Trump anunció al Congreso de EEUU su voluntad de iniciar un proceso de renegociación del TLCAN para obtener “resultados oportunos y sustantivos para los trabajadores, agricultores, ganaderos y empresas de Estados Unidos”.[3] Para ello, abrió un periodo de consultas con el Congreso, sectores sociales, empresariales, etc. El resultado de estas aportaciones se concentró en un documento, Summary of Objectives for the NAFTA renegotiation,[4] donde se establecen los temas que EEUU quiere modificar. Estos son, de manera resumida: comercio de bienes (industriales y agrícolas); medidas sanitarias y fitosanitarias; aduanas, facilitación del comercio y reglas de origen; obstáculos técnicos al comercio; buenas prácticas regulatorias; comercio de servicios, incluyendo telecomunicaciones y servicios financieros; comercio digital de bienes y servicios, y flujos de datos transfronterizos; inversión; propiedad intelectual; transparencia; empresas estatales y bajo control; políticas de competencia; trabajo; medio ambiente; anticorrupción; soluciones comerciales (propuesta de eliminación del capítulo 19 que establece la solución de controversias en el TLCAN); contrataciones gubernamentales; pequeñas y medianas empresas; energía; solución de controversias; provisiones generales; moneda. Como se puede apreciar, el listado de temas, que a su vez se desglosan en múltiples puntos, es extenso y podría suponer modificaciones sustanciales al acuerdo.

El argumento constante del presidente Trump es que EEUU está perdiendo con el TLCAN pero la realidad no ha sido así, como ejemplifica la resolución de la disputa por el azúcar entre EEUU y México.[5] Algunos analistas consideran, además, que el TLCAN ha permitido a EEUU competir con la industria china en el sector automotriz,[6] entre otras ventajas que los empresarios de EEUU han obtenido por la firma del TLCAN. En relación a la pérdida de empleos, hay estudios que estiman que ésta ha sido incluso mayor en el campo mexicano, con cerca de 1 millón de empleos destruidos,[7] lo que ha provocado el aumento de flujos migratorios hacia EEUU.

El proteccionismo de Trump no es nuevo en la historia de EEUU. Pese a la defensa del libre mercado, este país ha aplicado una política altamente proteccionista de su economía frente a terceros actores a la vez que les exigía apertura comercial. Lo que cambia ahora es el discurso y el enfoque táctico pero la estrategia última de búsqueda de la primacía de EEUU en el mercado global se mantiene.

La voluntad de renegociación estadounidense responde a las promesas de campaña de Donald Trump pero, como se ha observado ya con su cambio de postura con el sector automotriz, habrá que ver si el presidente cuenta con el respaldo suficiente para poder lograr un nuevo acuerdo que satisfaga a distintos sectores sociales con intereses contrapuestos.

La renegociación desde la perspectiva mexicana

El Gobierno de México ha presentado la renegociación del TLCAN como “la oportunidad de ampliar su éxito, enfrentar los desafíos actuales y adecuar nuestro modelo de integración para aprovechar las oportunidades que ofrece la economía del siglo XXI”.[8] Su visión sobre el impacto del TLCAN en la economía mexicana es positiva, considera que de lo que se trata ahora es de aprovechar la oportunidad de la renegociación para “extender los beneficios del libre comercio al interior de nuestra sociedad”, punto que habida cuenta de los impactos sociales del TLCAN,[9] sería cuestionable.

Antes de la negociación tripartita, México realizó asimismo consultas públicas a distintos sectores sociales, que se celebraron del 1 de febrero al 27 de julio de 2017, además del diálogo con los productores a través del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales (CCENI). Basándose en las sugerencias, el Gobierno mexicano ha establecido cuatro puntos de prioridades:

  1. Fortalecer la competitividad de América del Norte (México plantea el acceso preferencial para sus bienes y servicios, así como la eliminación de barreras al libre comercio en sectores como el agropecuario –recordemos que EEUU tiene una de las agriculturas más subsidiadas y protegidas del mundo-);
  2. Avanzar hacia un comercio regional inclusivo y responsable (participación de pequeñas y medianas empresas, inclusión de materias laborales, medio ambiente y género);
  3. Aprovechar las oportunidades de la economía del siglo XXI (entre otros temas, búsqueda de “oportunidades de inversión y asociación, que permitirán fortalecer la integración y seguridad energéticas de América del Norte”, lo que se puede leer como adaptación a la liberalización del mercado energético mexicano);
  4. Promover la certidumbre del comercio y las inversiones en América del Norte (modernización de los mecanismos de solución de controversias).

Frente al planteamiento de algunos periodistas, que apuntaban a que las prioridades de México en las negociaciones eran muy vagas, a diferencia de lo pormenorizado del documento estadounidense, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, argumentaba que la falta de detalle se debía al intento de evitar anticipar la estrategia mexicana pues, de lo contrario, “estoy creando los anticuerpos que van a impedir que la logre”.[10] Como se puede apreciar, México va a negociar a la defensiva, esperando conocer antes las propuestas de las otras partes y su disposición a ceder para ver qué puede obtener. No obstante, el Gobierno de México ha establecido puntos no negociables: “No se aceptará ningún punto de la política de aranceles que restrinja el comercio”; “No podemos aceptar que se reintroduzcan niveles de protección, tarifas o cuotas administrables”.[11]

La aceptación del Gobierno de Peña Nieto de renovar el TLCAN siguiendo la agenda negociadora de EEUU no se puede explicar sin la posición de alta vulnerabilidad y dependencia en la que se encuentra México respecto a EEUU, a donde van a parar casi el 80% de sus exportaciones a través del TLCAN. Pero también conecta con la profundización de la agenda neoliberal que ha desplegado este gobierno a través del Pacto por México, que engloba las reformas que desregulan sectores clave de la economía, como el energético. De hecho, la idea de “blindar” la reforma energética incluyéndola en el TLCAN, ante posibles cambios por una eventual alternancia gubernamental, ha sido planteada por algunos analistas.[12]

Aunque el Gobierno de México finaliza su declaración asegurando que “El TLCAN es un pilar del crecimiento económico de México”,[13] son varias las voces que han alertado sobre las limitaciones del TLCAN para aumentar la productividad y competitividad de la economía, la generación de déficits comerciales para México y su impacto negativo en el crecimiento económico del país, el cual ha crecido aproximadamente 2% anual en los últimos veinte años,[14] a lo que se suman otros problemas.[15]

¿Renegociación o abandono?

A pesar de que las negociaciones están en curso, en su último discurso en Arizona el 22 de agosto, Donald Trump volvió a sugerir que podría poner fin a la participación de EEUU en el TLCAN ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo[16] -que fuera satisfactorio para EEUU-. No se descarta que este escenario pueda concretarse, máxime con los niveles de impulsividad y volatilidad con los que opera el nuevo presidente de los EEUU, aunque demoraría seis meses en hacerse efectivo desde su eventual anuncio, siguiendo el artículo 2205 del tratado.

Sin embargo, está decisión podría confrontar aún más a Trump con el Congreso, que seguramente no aprobaría la decisión del presidente. Tampoco las empresas automotrices estadounidenses que operan en México, entre otros sectores empresariales. A diferencia del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) que fue abandonado por el Gobierno de EEUU antes de que hubiera entrado en vigor, el TLCAN es un acuerdo que lleva décadas funcionando para beneficio de un sector relevante -y poderoso- de la economía del país que moverá todos sus hilos para no perder sus ventajas.

Salvo cambios de último momento, está previsto que la segunda ronda de negociaciones se celebre en México del 1 al 5 de septiembre, para proseguir a finales de ese mes en Canadá y en EEUU en octubre. Tras la firma de un pacto de confidencialidad entre los tres países, las negociaciones pasan a un nivel de secretismo que durará cuatro años. También en el caso del abandonado y cuestionado TPP, EEUU impuso un acuerdo similar.[17] Esta iniciativa seguramente está encaminada a evitar el posible rechazo que algunos puntos pudieran provocar entre los ciudadanos de los tres países.

En los meses por venir no sólo se definirá el futuro del tratado y el de muchos trabajadores estadounidenses, mexicanos y canadienses, sino que -si el pacto de confidencialidad lo permite- tendremos más elementos para analizar la estrategia de relaciones comerciales y de inversión planteada por la administración Trump para ALC.

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