Nicaragua: Una realidad política en crisis

Por: Rodrigo Chillitupa Tantas*

Para que la democracia de un país tenga un fortalecimiento solido e irrestricto, el respeto por las instituciones públicas y privadas es un eje esencial que todo representante de un Estado tiene que tomar en cuenta. Y es que muy aparte de ejercer el poder conferido por la voluntad del pueblo en las urnas; la responsabilidad política de tener conocimiento de la separación de los poderes estatales y sus límites, es lo más idóneo que debe existir.

Sin embargo, y como toda coyuntura política-social no es igualitaria, también se muestran casos muy lamentables, en donde la institucionalidad en la estructura básica que debe regir en el Estado, resulta vulnerada y, hasta cierto punto, eliminada por completo a merced de quién quiere una situación caótica. Las dictaduras son un ejemplo. La democracia no existe y, en su lugar se erige la autocracia.

En ese sentido, América Latina es el sitial donde se puede abordar dicho problema debido a que, en más de una oportunidad, hemos sido testigos de este contexto (dictadura). En el siglo pasado la mayoría de países sufrió, al menos, una vez en su historia, la vulneración de la democracia.  Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú sufrieron golpes de Estado perpetrados por militares en diferentes décadas y de consecuencias catastrófica por doquier.

En pleno siglo XXI, parece que la situación no ha cambiado del todo, especialmente en Nicaragua.

Según la revista financiera Forbes, Nicaragua tiene una economía estable con tendencia a ser uno de los grandes protagonistas en las próximas décadas en Latinoamérica. Sin embargo, esta situación no va de la mano con su régimen actual político, pues, se conoció que Daniel Ortega –actual presidente- se postulará a la reelección por tercera vez de forma consecutiva. Y esta vez, lo hará, junto a su fiel compañera Rosa Murillo, nada más y nada menos, en la primera vicepresidencia de la República.

Ortega es el líder que tiene consigo el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) desde hace muchos años; dado que en 1984 gobernó Nicaragua por primera vez, luego de que su partido fuera postergado del poder. Tuvo su mandato, como todo jefe de Estado, con normalidad. Luego de ello, intentó la presidencia en 1996 y 2001 sin éxito, pero en el 2006 logró nuevamente el poder. Y aquí va el punto. Desde que Ortega se enfundó nuevamente la banda presidencial hace diez años, su gestión tomó dimensiones tiránicas. Es decir; trasgredir a su antojo malévolo la independencia de los organismos autónomos del Estado. Prueba de ello, es que buscó la manera de que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de su país le aprobará la reelección para un tercer mandato, a pesar de que es incorrecto, según su propia Constitución.

No obstante, a él no le importó. Para asegurar su victoria, se encargó de eliminar el derecho fidedigno de participar de sus opositores en las elecciones generales de noviembre. El Partido Liberal Independiente (PLI) fue el más perjudicado ya que, aparte de que se le privó de su participación electoral, también le destituyeron diputados en la Asamblea Nacional, donde el gobierno  ha copado su poder político en pos de debilitar a la oposición y neutralizarlos, lo cual resulta una vergüenza internacional.

A partir de esta acción política, la dinastía “Ortegana” se está estableciendo sin pudor alguno en Nicaragua, y la democracia, una vez más, se ha ido al tacho de basura sin que nadie diga algo. Instituciones como Mercosur, OEA, Naciones Unidas no se han pronunciado. Y es que desde hace tiempo, se ve que hay presidentes latinoamericanos que les gusta entornillarse en el poder sin respetar las de la Carta Magna de sus propias naciones e ignoran su propia constitución para beneficio propio y la de sus seguidores ansiosos de tomar parte de una rebanada del poder.

Ahí, podemos ver a Nicolás Maduro, Rafael Correa y Evo Morales, quienes han buscado reelegirse y permanecer en el poder porque creen que son los suficientemente buenos para tomar las decisiones de un país en sus propias manos. Las consecuencias son visibles a través de crisis económica, corrupción de sus instituciones públicas y  caos social.

En este caso específico, se debe invocar a la comunidad internacional que ponga atención al caso incierto de Nicaragua. La indiferencia frente a realidades críticas que ocurren en países de Sudamérica se debe abordar de forma prioritaria en aras de proteger la estabilidad democrática de ese lado del continente. De esta manera, mantener la identidad del Estado de Derecho va ser fundamental para las siguientes generaciones. Y ello es algo que los dictadores como Ortega no saben ni tienen noción. En cambio los demócratas de convicción, sí lo sabemos.

*Periodista y Analista Político

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