El Efecto “Impeachment” en América Latina y sus Consecuencias

Por: Bruno Chillitupa Tantas*

Por estos días se habla mucho sobre el tema del “impeachment” contra Dilma Rousseff en Brasil, que podría culminar finalmente en su destitución como presidenta, y también por las posteriores consecuencias que dejaría para su país, que se encuentra en una de las peores crisis políticas de su historia.

Pese a toda esta coyuntura de incertidumbre, es preciso comprender primero de qué trata el “impeachment”, que en español significa “acusación”; sus procedimientos, consecuencias y sus antecedentes en América Latina.

Se trata de una figura legal que tuvo su origen en el Derecho Anglosajón, específicamente en EE.UU y Gran Bretaña a inicios del siglo XIV. El objetivo es procesar mediante un juicio político a una persona con alto cargo público que ha incurrido en el delito grave de poner en riesgo la gobernabilidad de una nación.

El proceso para que se llegue a dicha instancia se da mediante el fuero legislativo; en pocas palabras el congreso o parlamento, que se encarga de aprobar primero el juicio político hasta llegar a la destitución con la votación del órgano legislativo (senadores).

Las consecuencias inmediatas de esta medida, no obstante, resaltan por el hecho de que –si bien se castiga con la destitución a un funcionario de alto rango político por un delito grave-  el sistema democrático mostraría una fragilidad que se vería reflejada en una crisis institucional con un alto costo social y económico.

Una situación visible desde la percepción que la ingobernabilidad campearía en un país, pues no se sabría quién gobierna. También que los índices de crecimiento descenderían por una economía paralizada debido a la fuga de las  inversiones por la coyuntura. Por último, el poder sería disputado por líderes políticos con el fin de lograr sus objetivos personales en vez que los del país. Todos estos elementos se muestran dentro del contexto del sistema presidencialista que ha predominado en América Latina, porque el caso de Dilma Rousseff no ha sido el único del “impeachment”.

En 1868 casi se destituye Andrew Jhonson, presidente de Estados Unidos,  por causales políticas  que al final por voto, no se llegó a concretar en el senado. Luego apareció el caso de Richard Nixon en 1974. Antes de que sea enjuiciado por el caso “Watergate”, éste renunció a su cargo por la aparente amenaza de que iba ir a la cárcel.

En Argentina, María Estela Martínez de Perón, esposa del general Juan Domingo Perón, gobernó desde 1974 a 1976 en medio de la incapacidad para afrontar la crisis social-económica que se mostraba en su país. Si bien hubo el intento de que se le abra un juicio político para destituirla por su mal desempeño, el golpe de Estado de los militares hizo que acabará su régimen.

Por esta misma situación también pasaron Venezuela, Brasil y Paraguay. El presidente venezolano Carlos Andrés Pérez fue destituido en 1993 por su participación en la malversación de fondos públicos y fraude a su país. La crisis social -que no era atendida también por el gobierno – fue otro punto contundente que fue empleado por el Congreso venezolano de entonces para ponerle fin a la gestión de Pérez.

En Brasil, Fernando Collor de Mello (1992)  fue destituido por corrupción tras comprobarse que montó un esquema para enriquecerse por medio de loobys a cambio de dinero a empresarios y funcionarios. En esa oportunidad, Collor de Mello fue el primer presidente en la historia de su país en ser destituido. En 2012, Fernando Lugo fue separado del cargo por no desempeñar bien sus funciones presidenciales en Paraguay, lo cual devino después en que su país sea inhabilitado en el Mercosur.

Como se observa el efecto del “impeachment” se ha dado ya en América Latina y Estados Unidos. Esta medida, si bien es considerada por expertos politólogos como “golpista” y de carácter “antidemocrático”, no deja de ser una acción constitucional válida para castigar a malos gobernantes que se encuentran involucrados en casos de corrupción. Una percepción que, a fin de cuentas, genera el rechazo de la población, pues ver como una autoridad “roba pero hace obra” causa indignación. Ojala por el bien de la democracia en América Latina no sea utilizada de manera reiterada. La única manera de evitarlo es saber escoger bien a gobernantes que no tengan ningún vínculo con la corrupción y el enriquecimiento ilícito.

*Analista político

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